Bloqueará EU residencia a migrantes que hayan solicitado apoyos sociales
Las autoridades estadounidenses comenzarán este mes la aplicación de una norma que pide a los migrantes no haber solicitado apoyos sociales previo a tramitar su estancia permanente
La Corte Suprema de Estados Unidos validó la semana pasada un reglamento impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump que impide que las personas que reciben o recibieron algunas ayudas sociales obtengan la residencia permanente.
Tres días después del fallo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la fecha de entrada en vigor de esta regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública: el 24 de febrero.
“La USCIS analizará los factores requeridos por la ley tal como la edad, salud, ingresos, educación y habilidades de un extranjero, entre otros, para determinar si es probable en cualquier momento pueda convertirse en una carga pública”, menciona el sitio oficial de la oficina migratoria.
La página oficial detalla que carga pública se refiere a una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestra el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno.
La nueva norma incluye el requisito de que los extranjeros que buscan la residencia deben demostrar que no han obtenido beneficios públicos como el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), programas estatales y locales de ayuda en efectivo y otras iniciativas como Medicaid.
La regla final de inadmisibilidad entrará en vigor en 49 estados y el Distrito de Columbia, menos en Illinois, donde al 30 de enero de este año la implementación de la regla permanece prohibida por orden de un tribunal federal.
“Es un cambio fuerte. Con la decisión de la Suprema Corte se quitan todos los bloqueos y prácticamente le da luz verde a la USCIS para que inicie una nueva implementación que viola los principios fundamentales de migración de Estados Unidos que establecen que es un país que le abre las puertas a todos”, opina Janeth Moreno, abogada en temas migratorios.
La litigante añade que en los trámites para pedir la residencia estadounidense siempre se ha requerido demostrar que la persona que migrará de forma permanente tiene los recursos financieros para hacerlo, pero no se había implementado hasta hora.
“La ley de carga pública siempre ha existido. Lo que hizo este gobierno es empezar a implementarla y de una forma muy rígida como está por escrito. Con estos cambios, tramitar la residencia será mucho más estricto porque no sólo se van a fijar en los recursos del ciudadano estadounidense que está tramitando la residencia de la otra persona, sino que ahora se van a fijar en el beneficiado”, menciona la abogada.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en vigor desde 1968, establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina si un extranjero es inadmisible a Estados Unidos en función de la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento en el futuro.
La abogada detalla que son miles de personas las que a diario aplican para obtener la residencia permanente, desde menores de edad, personas casadas con ciudadanos de Estados Unidos y familiares directos de estadounidenses.
Impactará mucho a muchas familias. Miles de esas personas tienen que registrarse en seguros públicos por cuestiones de salud y hay que ser muy cuidadosos para evitar un posible obstáculo al momento de tramitar una residencia porque hay que recordar que cuando un caso se niega ante la oficina administrativa, puede ir referido a las cortes para iniciar un proceso de deportación
– Janeth Moreno
Abogada en temas migratorios
Para la aplicación de la nueva norma, la USCIS publicará formularios actualizados e instrucciones de presentación en su sitio web durante la semana que comienza el 3 de febrero con el fin de darles a los solicitantes, peticionarios y otros, suficiente tiempo para revisar los procesos actualizados y ajustar los métodos de presentación de solicitudes.
La USCIS añade en su página que después del 24 de febrero, en todo el país, excepto en el estado de Illinois, rechazará las ediciones anteriores de formularios si no tienen sellos posteriores a esa fecha.
“Desde el año pasado, la oficina de migración informó de un formulario nuevo de 30 hojas enfocado en preguntas para comprobar si el beneficiario ha sido una carga pública, entonces definitivamente es mucho más trabajo que se viene para los abogados de migración y para que el aplicante demuestre que el beneficiario no será una carga para Estados Unidos”, menciona la abogada.
La USCIS explica en un comunicado que la nueva regla y todos sus requisitos sólo aplicarán a las solicitudes y peticiones con sello postal (o enviadas electrónicamente) a partir del 24 de febrero de 2020.
