CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Legisladores e integrantes de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del acuerdo presidencial por el que se ordenó la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en apoyo de la Guardia Nacional.
En el documento se recuerda que al subordinar el mando civil al mando militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles, y no de militares.
Por eso, la instrucción «es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes, sin embargo el presidente y Alfonso Durazo, están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos» con esa participación militar, se estimó.
Con ello, «la militarización se implanta en un ambiente donde la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho siguen siendo carta abierta para las fechorías de los delincuentes», se estableció en la querella, firmada por diputada Frida Esparza Márquez, el senador Juan Manuel Fócil Pérez y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, de la expresión perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN).
«Los ciudadanos deben saber que el decreto del gobierno de México no sigue lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que el mencionado decreto presidencial carece de especificaciones y procesos que se habrían de seguir en el uso de la fuerza pública sin afectar a las personas», expusieron.
Recordaron que si bien en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional quedó establecido que el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, «resulta alarmante que no se definan los protocolos para que dicha actuación evite la violación de los derechos humanos de las y los mexicanos».
Según los perredistas «en todos los países que han optado por militarizar las funciones de seguridad pública, han aumentado las violaciones de derechos humanos y la impunidad» y de hecho esa estrategia militar ya fracasó desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al tráfico de drogas.
La finalidad de la queja, indicaron, «es que el presidente de la República no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque los que pagamos las consecuencias somos todos».
