CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional no vulnera el Estado de Derecho, porque no se cambian las leyes sobre la materia.
Lo anterior, luego de que expertos del sector y organismos empresariales cuestionaron el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía el viernes por la tarde, acusando que se incumplió la ley al exentarlo de consulta pública.
Por medio de un comunicado, la empresa eléctrica dijo que «es incorrecto afirmar que la política de confiabilidad vulnera el Estado de derecho, por el contrario, se está asegurando la garantía de Suministro Eléctrico a los usuarios finales ante la pandemia» de coronavirus.
«No se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación, para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados, debido al descuido de las reglas básicas de operación y planificación del sistema eléctrico, ante la alta concentración regional de generación intermitente», argumentó la empresa productiva del Estado.
Además, destacó que se busca articular nuevamente la planificación integral del Sistema Eléctrico Nacional, «fortaleciendo a la CFE para que vuelva a ser pilar del desarrollo nacional, a fin de lograr la independencia energética y bajos costos, cumpliendo siempre con los compromisos internacionales de cambio climático y fomentando la generación distribuida, así como la electromovilidad».
Este sábado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que los efectos negativos por los cambios en materia de energías limpias podrían profundizar la recesión económica.
También se podría poner en riesgo la eficiencia, calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en el mediano y largo plazos, alertó.
Por su cuenta, la Confederación Patronal (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidieron en que la forma en que se emitió el acuerdo violentó la ley, daña la imagen del país e incrementa la incertidumbre jurídica.
Explicaron que el acuerdo desplaza a los generadores de electricidad más eficientes y favorece a las plantas generadoras convencionales altamente contaminantes, que son en su mayoría de la CFE
