Por: Redacción Politiquerías
En esta columna no emitimos opinión alguna, solo comentamos algunas
notas y chismes de la grilla y los acontecimientos relevantes de la política
nacional.
Y aquí les traemos a ustedes los mejores chismes y grillas del momento.
• Que siempre sí participó ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la Estafa Maestra.
• La finta de Durazo.
• Grave amenaza a la propiedad inmobiliaria.
• Cierran acceso a la prensa en caso Lozoya.
Finalmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó
que Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), es responsable de desviar 239.3 millones de
pesos de recursos federales a través de operaciones inexistentes, como
parte de la Estafa Maestra.
De acuerdo a medios locales, el desvío de la UAEM fue de los primeros de
la Estafa Maestra al ocurrir a finales de 2013, cuando la universidad recibió
el monto desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para luego
enviar 85% a la empresa Evyena Servicios. Esta compañía fue para
ofrecer apoyo técnico en la Cruzada Nacional contra el Hambre y la
Auditoria Superior de la Federación (ASF) no la localizó. En la sentencia,
los magistrados coincidieron en que Vera incurrió en responsabilidad
resarcitoria, ya que en el convenio con Sedesol señaló que tenía
capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo cual no
era cierto.
La Estafa Maestra es una investigación elaborada por el portal de noticias
Animal Político en asociación con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Fue publicada el 5 de septiembre de
2017; la investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a
través de las cuales el gobierno desvió más de 400 millones de dólares
mediante una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias
del Estado, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50
servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
Ayer en esta columna escribimos sobre lo extraño que parecía que el
titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no estuviera en la gira
del presidente, pero gran sorpresa causó que Alfonso Durazo Montaño,
apareciera de pronto en la gira de trabajo por Guanajuato que realizó ayer
Andrés Manuel López Obrador, pese a que el funcionario anunció que se
iba tomar algunos días para resolver temas personales. Nos pasaron el
chisme de que a pesar de que el presidente había dado su aval para que
el secretario se pudiera ausentar del trabajo, Durazo decidió
reincorporarse a las actividades debido a que levantó diversas suspicacias
que no asistiera a la gira de trabajo por entidades con los más altos índices
de violencia e inseguridad que hay en el país: Guanajuato, Jalisco y
Colima. Ahora algunos piensan que el anuncio de que no iría a la gira
quizá fue una estrategia para confundir a los criminales que operan en el
estado de Guanajuato, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación,
que presuntamente ha lanzado amenazas contra la vida de algunos
funcionarios. ¿Todo fue una finta para burlar al enemigo?
En diversos medios encontramos notas que afirman, que de nueva
cuenta, la 4T planea destruir la propiedad privada desde el Congreso de la
Ciudad de México.
Una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario
ha sido presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el congreso
de la CDMX.
Esta nueva amenaza confiscatoria la entienden como un paliativo ante el
desastre económico por el Covid-19, el estancamiento productivo que
azota al país y la creciente pérdida de empleos.
Comentan algunos medios que parece que arrojar gasolina a un incendio
se ha convertido en la especialidad de ese grupo parlamentario en la
CDMX.
La propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores (véanse la de
2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley
de Extinción de Dominio, que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones peores de indefensión que ante una expropiación).
La nueva iniciativa de la 4T en la CDMX fortalece el torrente de agresiones
antijurídicas del cual también forma parte la iniciativa (julio 2019) para
extinguir el dominio de los bienes inmuebles en los que ocurriera
quebrantamiento de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del
legítimo propietario.
Al igual que las precedentes, la nueva amenaza atenta directamente
contra el legítimo propietario inmobiliario, excluye cualquier forma de
sanción contra un arrendatario incumplido o invasor urbano.
Está hecha para permitir acciones confiscatorias contra los propietarios
inmobiliarios so pretexto de que obtienen beneficios excesivos de la
pandemia.
El Inegi considera que hay actualmente 12 millones de personas sin
trabajo y que el índice de mexicanos en pobreza extrema podrá
duplicarse en esta administración. Es en este triste escenario de fondo y
como una respuesta al grave curso económico y social de la crisis 2020,
que Morena busca aprobar esas nuevas reformas al código civil en materia
de arrendamiento.
La propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente
por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas
y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido. Prohíbe,
asimismo, que se pida fianza como garantía colateral para un arrendamiento o que se investigue y garantice con bienes inmuebles por
parte del inquilino o de su fiador.
Dicen que hay en el Congreso de la CDMX diputados que podrían impedir
este brutal despropósito y ataque contra a la propiedad privada y busquen
que el gobierno de la CDMX gaste más y mejor en apoyar albergues
temporales, en construir unidades habitacionales eficientes, dignas y
decorosas con créditos al alcance de la población que, por su agravada
condición económica carecen de un techo seguro. Pero quizá decir esto o
buscar alternativas de fondo en esta materia sea demasiado ante un
gobierno que no atiende ni ofrece soluciones pero es hábil, ávido,
atropellado y casi frenético para proponer soluciones hurgando siempre en
los bolsillos de los particulares.
Y mientras el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presume la
vanguardia tecnológica que ha alcanzado con sus juicios en línea y
audiencias por videoconferencia para evitar contagios por Covid-19,
cerrará el acceso a la audiencia de Emilio Lozoya. Ayer el CJF dio a
conocer que la prensa no podrá estar, ni física, ni virtualmente, en el
momento en que Lozoya comparezca ante un juez federal. Eso sí,
funcionarios de la Judicatura se comprometieron a tomar nota de cada
detalle para informar a los medios de comunicación mediante WhatsApp.
Sin embargo, nos hacen ver que existe el riesgo de la falta de neutralidad
de los emisores del mensaje, pues como parte de su trabajo, la prensa que
asiste a las audiencias transmite a la ciudadanía no sólo información, sino
que relata el desempeño de los funcionarios involucrados en estas
diligencias. Así que será un mal día para la transparencia en el Poder
Judicial.
