CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a buscar y entregar los documentos que acrediten el derecho de vía del Tren Maya, la existencia de vías de tren con rieles propiedad del gobierno Federal, así como expedientes de venta de rieles.
Función Pública, también debe entregar los permisos ambientales otorgados para la ejecución de este proyecto, indicando la fuente y la forma para consultar la Manifestación de Impacto Ambiental para la Fase 1.
Esto como respuesta a la solicitud de un particular, ya que la SFP, en un primer momento sólo proporcionó cinco ligas electrónicas y sobre los permisos ambientales, señaló que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una exención a las manifestaciones de impacto ambiental en los tramos de la Fase 1 del proyecto, ya que solo se trata de obras de mantenimiento.
El solicitante inconforme, porque no le proporcionaron la información de su interés, presentó un recurso de revisión ante el INAI.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, en su calidad de ponente del caso afirmó que el Tren Maya es una de las obras de infraestructura más grandes impulsadas por el gobierno Federal, por lo que transparentar la información brindará a la población certeza sobre tres aspectos esenciales del proyecto.
En primer lugar, la manera en que se aprovecha el trazo preexistente de líneas ferroviarias en la Península de Yucatán. «Es preciso que la ciudadanía tenga claridad de la magnitud de los trabajos necesarios para rehabilitar estas vías, así como las adiciones o modificaciones que resultarán necesarias», apuntó.
Segundo, la forma en que se están erogando los recursos públicos para avanzar en los trabajos. «Se ha reportado la celebración de contratos por más de 40 mil millones de pesos, que equivalen al 29% del presupuesto», expuso.
Y por último, si la obra cuenta con los estudios en materia ambiental y las autorizaciones necesarias para su ejecución, aseguró Ibarra Cadena.
En tanto la SFP precisó en sus alegatos que tras una búsqueda en los Órganos Internos de Control de la Semarnat y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como en la Dirección de Políticas de Fiscalización y Contrataciones Públicas, no se localizó la información.
Sin embargo, se advirtió que la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, encargadas de intervenir en las licitaciones reguladas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados podrían contar con la información.
Por ello, los miembros del Pleno por unanimidad revocaron la respuesta de la SFP, a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva de los documentos que requiere el solicitante.
