Discuten Ley de Amnistía del Estado de México
Defensores de derechos humanos, representantes de los
poderes Ejecutivo y Judicial y diputados discutieron la Ley de Amnistía
Por: Carolina Sosa
Tras señalar severas deficiencias en la procuración y administración de la
justicia en el Estado de México, al “estar plagada de corrupción e
irregularidades en los procesos judiciales”, activistas defensores de
derechos humanos, y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial,
además de diputados del Congreso del Estado de México participaron en
el primer Parlamento Abierto para la discusión de la Ley de Amnistía del
Estado de México.
En su oportunidad, Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa
Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres
violentadas de Atenco, señaló que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político,
social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que
prevalece en el poder judicial federal y estatal.
“Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema
de procuración de justicia han sido utilizadas para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social”.
El defensor de derechos humanos manifestó su rechazo a que la comisión
de revisión esté a cargo de Poder Judicial, pues no es sano, ya que se
enfrentará al “ego de los juzgadores”, y será difícil que acepten cuando
sean ellos quienes hayan violado derechos humanos o sentenciado de
manera injustificada.
Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos, y representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas apuntó que en los estados hay
contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y
reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley
federal de Amnistía.
Dijo que es importante el planteamiento del Congreso Estatal para que sea
desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo donde se revise la operación de
la ley, pero asegurando una asistencia jurídica, que pueda intervenir de
manera efectiva en cada caso.
En su oportunidad, José Humbertus mencionó que se han generado
esquemas de solución para poder dar a los ciudadanos orientación sobre
los derechos de los preliberados, que hasta este momento suman 787,
solo en la época de la pandemia por Covid-19.
Dio a conocer que se ha hecho un padrón de quienes están en
condiciones de preliberación, pues de no hacerlo violarían sus derechos
humanos, pues reconoció, muchos no los conocen ni los saben ejercitar.
El secretario de Derechos Humanos, pidió revisar todos los aspectos,
sobre todo porque no se pueden derogar los tipos penales y recordó que
aunque el sistema penal está diseñado para 14 mil reos, en la actualidad
se tienen más de 31 mil.
“Esta ley debe ser un elemento que forme parte de un conjunto de
acciones. No es la solución única; se requiere de otras acciones por parte de los tres poderes a fin de que se tenga una política criminal o de justicia
que permita garantizar los derechos de todos”.
Ricardo Sodi Cuéllar, agregó que la preliberación y esta nueva
normatividad deben ir acompañadas de un programa efectivo de
reinserción laboral pues de lo contrario se generaría un problema social
mayor.
Es así que en presencia de Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y
Derechos Humanos, además de Octavio Amezcua, de la oficina en México
del Alto Comisionado de la ONU, y el activista José Humbertus Pérez, el
titular del Poder Judicial precisó que lo ideal no es incrementar penas ni
ser severos, sino aplicar la ley con rectitud y seriedad y recordó que ya
propuso la Cámara Estatal de la Industria Penitenciaria para que por medio
del trabajo y la educación realmente se logre la reinserción social.
