Fuerzas armadas gozan de una impunidad máxima

Por: El Husmeador

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urge al Poder Legislativo para que les retiren el fuero, los integrantes de las Fuerzas Armadas gozan de una impunidad máxima. Todo está dispuesto para inhibir la acción de la justicia cuando las fuerzas federales dedicadas a la seguridad pública violan la ley.

Hasta el día de hoy, la situación de la inseguridad y los actos de impunidad son asuntos muy delicados principalmente en dos de los estados estratégicos para la economía del país, Tamaulipas y Guanajuato, en ambos estados ganto la Guardia Nacional como la Marina y el Ejercito se encuentran desplegados con la consigna de reforzar la seguridad y apoyar a las autoridades estatales en esta tarea. Sin embargo, parece que estas mismas fuerzas son parte del problema; analizaremos en esta ocasión muy brevemente algunas de esas violaciones que han quedado impunes, en el estado de Tamaulipas.

Como en infinidad de ocasiones cabe temer que no habrá ninguna consecuencia para el militar que ordenó matar a un hombre herido la madrugada del viernes 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Una pieza de investigación publicada en “El Universal” por Iñigo Arredondo, no deja lugar para la interpretación: se trató de una ejecución extrajudicial. La frontera entre Tamaulipas y Texas lleva más de 20 años experimentando olas sucesivas de violencia que colocaron a la entidad, hasta hace muy poco, entre las más peligrosas del país.

El gobierno local, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien pertenece al opositor Partido Acción Nacional, no ha significado un alto a la tragedia. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios dolosos continúan como si nada hubiese cambiado.

El contexto de macro-criminalidad en la zona lleva a concluir que la autoridad –incluyendo al Ejército y la Marina– ha sido parte del problema.

Antes del video divulgado por Iñigo Arredondo, el ejemplo más evidente de impunidad fue la desaparición de por lo menos 27 personas a manos de la Marina, entre enero y mayo de 2018.

Como consecuencia de un convenio de colaboración entre García Cabeza de Vaca y las Fuerzas Armadas, firmado durante 2017, se incrementó la presencia militar en la frontera norte de la entidad, particularmente en las ciudades de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, así como en las carreteras que las conectan.

Hay evidencia de que, a partir de ese acuerdo la Marina emprendió una serie de operativos para llevarse, obviamente sin orden judicial, a personas jóvenes supuestamente vinculadas con el crimen organizado.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezado por el activista Raymundo Ramos, documentó la desaparición de 39 personas de enero a mayo de 2018.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) hizo la denuncia de los casos del 23 de febrero a mayo. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó 27 casos en su recomendación por violaciones graves en julio de este año. Probablemente este episodio habría gozado de impunidad si el ACNUDH no hubiese denunciado un patrón regular de desapariciones.

Durante los últimos meses de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, en 2018, voceros de la Secretaría de Marina (SEMAR) reconocieron los hechos y ofrecieron “suspender y separar provisionalmente a los marinos presuntamente responsables de participar en las desapariciones”.

Dos años han transcurrido desde entonces y, sin embargo, los familiares de las víctimas continúan sin conocer el paradero de las personas. Tampoco se conocen los nombres de los marinos imputados, a pesar de que, en algunos casos, existen imágenes de video recogidas al momento en que sucedieron las detenciones arbitrarias.

Cuatro días antes de que fuera publicado el reportaje de Iñigo Arredondo, un juez federal admitió la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República (FGR) a propósito de uno de los 27 casos denunciados por la CNDH.

Se trata de la desaparición del joven César Viramontes, quien la mañana del lunes 18 de febrero fue detenido por elementos de la Marina en las calles de Nuevo Laredo. No volvió a saberse nada de él hasta que una investigación de la FGR permitió saber que su teléfono celular estuvo prendido, por última vez, dentro de las instalaciones de la Marina.

A pesar de la acción judicial, los nombres de los marinos procesados por la desaparición del joven Viramontes no han sido dados a conocer. No hay por tanto posibilidad de corroborar si, como prometió el vocero de la SEMAR en junio de 2018, los imputados fueron efectivamente separados de su cargo.

A este respecto sorprende que el juez responsable del único caso judicializado hasta ahora, entre los 27 reconocidos por la CNDH, haya ordenado que los marinos imputados permanezcan en libertad mientras se lleva a cabo el juicio, con el argumento de que “son fácilmente ubicables en sus centros de trabajo”.

Al parecer el juez se inhibió a la hora de proceder contra estas personas y lo mismo la FGR, que no ha podido encausar a los responsables de los demás casos.

Esta inhibición no puede explicarse desde la cobardía de un juzgador sino a partir de un arreglo del más alto nivel, que protege con potente fuero político a los militares, marinos y guardias nacionales que patrullan las calles y carreteras del país.

Ningún presidente antes había entregado tanto a las Fuerzas Armadas mexicanas. No solo están a cargo de la seguridad pública –sin que su desempeño sea fiscalizable por el poder civil–, también son responsables de tareas tan diversas como el transporte de gasolina, la construcción de aeropuertos y vías férreas, así como de la edificación de hospitales.

Ante el desequilibrio del poder a favor de las Fuerzas Armadas, difícilmente un juez, un fiscal o la CNDH se atreverán a hacer contrapeso.

Esta es la razón por la cual un militar puede ordenar “mátenlo, a la verga”, después de que un individuo indefenso sobrevivió por milagro, sin que exista alguna consecuencia.

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