México tiene nueva ley de ciencia y tecnología que desaparece al Conacyt: la comunidad científica dará pelea para detenerla

Propuesta por años, respaldada por el Conacyt, y ahora aprobada por las dos cámaras del Congreso (en menos de una semana), la nueva ley de Ciencia en México busca cambios profundamente transformadores sobre cómo se hace ciencia y se persiguen nuevas tecnologías en México.

El problema es que los cambios son «aberrantes» y pueden ser «regresivos«, según la comunidad científica.

La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un proyecto que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha perseguido por años. En su portal para explicar la propuesta se lee que la nueva ley «garantiza al pueblo de México el derecho humano a la ciencia» y que no concibe el desarrollo de ciencias y tecnologías como «beneficio particular de empresarios e investigadores«.

Por el contrario, asegura el Conacyt, la ciencia y las tecnologías ahora se consideran como «bienes al servicio de la nación y el bienestar«.

Las reacciones de la comunicad científica han sido unánimes: las modificaciones son «aberrantes«, según le dijo el biólogo Antonio Lazcano, profesor emérito de la UNAM, a El País; «es discriminatoria» señaló en su posicionamiento la red ProCiencia Mx. En el augurio de lo que sucederá en las próximas semanas, la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, escribió en su cuenta de Twitter «nos quedan los tribunales«.

La nueva Ley de Ciencia fue aprobada en medio de irregularidades, como la presunta falta de quórum en el Senado y una sesión que tuvo que hacerse en una sede alterna y con las prisas de que la última sesión ordinaria antes de que el Senado se tome una pausa hasta septiembre. La aprobación se hizo sin parlamento abierto, es decir, sin las discusiones prometidas con las comunidad científica, según la Red Pro Ciencia Mx.

Ciencia y tecnología al «servicio» de México

Las controversias principales entre la comunidad científica y la posición gubernamental a favor de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología en México son tres:

Ciencia para quién. Según la ley aprobada, todo mexicano tiene derecho a «gozar los beneficios del desarrollo científico«. Bajo ese principio, el Estado debe fomentar la divulgación e investigación del conocimiento científico entre cuyos fines últimos esté el bien social. Los 26 centros públicos del Conacyt que tenían autoridad presupuestaria para elegir sus proyectos de investigación la pierden con la nueva ley y, en su lugar, un consejo integrado por las Secretarías de Estado y gobiernos estatales decide qué tipo de investigación se haría en el país.

SEDENA y SEMAR en la ecuación. La junta que define los destinos de los presupuestos de ciencia ya no incluyen a los 26 centros públicos del Conacyt, pero sí a una junta en donde están las Secretarías de Estado y hasta el Ejército Nacional. El profesor Lazcano fue tajante con El País: incluir a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones científicas y tecnológicas «es absolutamente aberrante«.

Conacyt, reemplazado. En su portal con explicaciones sobre la ley, Conacyt asegura que el consejo no es eliminado. Lo que sucede es que sustituido por uno de otro nombre, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Los cambios parecen estéticos, pero no lo son. En realidad hacen referencia al enfoque «humanista» que el nuevo consejo tendrá al decidir qué tipo de investigaciones científicas deben hacerse en México, lo que ha valido críticas de la comunidad científica.

«Con la incorporación del conocimiento humanístico se precisa que el derecho humano a la ciencia incluye a las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y se expresa la reivindicación de la diversidad epistémica. Las humanidades que antes estaban excluidas se incorporan como parte de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia».

Conacyt

El nuevo enfoque, ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejará fuera a grupos elitistas que recibían presupuesto público y que no producían ciencia. La acusación se formalizó cuando Álvarez-Buylla dijo que empresas como Intel, Motorola y LG utilizaron presupuesto público para «magnificar sus ganancias«. Poco después de las acusaciones Intel respondió que el presupuesto sí fue adjudicado para el desarrollo de nuevas tecnologías y aseguró que su ejercicio fue con apego a la ley.

Red ProCienciaMX tajantemente clasificó como falsos los dichos de Álvarez-Buylla y corrigió las cifras de presupuestos otorgados usando como fuente información pública del Conacyt.

No ha vuelto a haber referencia a las cifras por parte de Álvarez-Buylla, pero la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información ha dicho que la ley desincentivará la participación de empresas en proyectos financiados con fondos públicos.

El tema de fondo

Números y acusaciones aparte, el complejo problema de fondo es sobre cómo se concibe la ciencia y si México debe auspiciar solo aquella considerada con beneficio social, que profundice en las problemáticas nacionales urgentes y ofrezca «soluciones pertinentes y culturalmente adecuadas«, lo que sea que eso signifique para la junta de gobierno en turno.

Si la ciencia no se entiende sin contexto histórico y social, la respuesta más obvia parece ser que la ciencia a la que vale la pena destinar presupuesto público es la que conlleva beneficios y soluciones a los grandes problemas del país, pero no son pocos los problemas que aplican a la tesis: ¿Qué sucede con la ciencia que no tiene un beneficio social tangible inmediato? ¿México tiene posibilidad de ser una potencia en innovación científica y tecnológica si solo les piensa como herramientas para resolver problemas sociales? ¿Es ética la perspectiva de destinar recursos a la ciencia que solo puede retribuir a la sociedad en el corto plazo? ¿Están capacitadas las personas que definirán el futuro del proyecto científico y tecnológico de México?

El tema es vigente y si la nueva ley es o no el camino, México tiene campo de mejora. Nuestro país tuvo sus mejores desempeños en el índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 2020 y 2021, cuando alcanzó la posición 55. En 2022 fue desplazado a la posición 58.

Además, la recomendación de la UNESCO es que cada país debe destinar al menos el 1% de su producto interno bruto a investigación y desarrollo; en México el presupuesto asignado a ciencia y tecnología ronda en el .6%. Aumentos o no de presupuesto de por medio, con la nueva ley la comunidad científica no volverá a quedarse sin dinero para desarrollar proyectos de investigación, ha asegurado el Conacyt.