La explotación y abuso sexual de niños están normalizados socialmente en Uruguay
La relatora especial de la ONU sobre la venta, la explotación y el abuso sexual de niños afirmó este viernes que la explotación y el abuso sexual de menores en Uruguay “son extremadamente comunes” y que “están normalizados social y culturalmente”.
Tras una visita de once días a ese país del Cono Sur, Mama Fatima Singhateh destacó la existencia de una gran cantidad de parejas entre niñas y adolescentes y hombres adultos, al igual que de la alta incidencia de los abusos y violencia intrafamiliar.
Singhateh reconoció que el Gobierno uruguayo ha tomado medidas importantes para abordar la venta, la explotación y el abuso sexual de menores, pero aseveró que se necesita un planteamiento más integral y concreto para atacar las causas profundas de esas prácticas dañinas.
Entre los esfuerzos gubernamentales, destacó la búsqueda de un marco jurídico sólido que prevé la creación de un sistema sofisticado de protección de la infancia, así como iniciativas encomiables en ese sentido.
Servicios sobrepasados
Sin embargo, denunció la fragmentación del cuidado de los menores de edad y urgió a las autoridades a adoptar una estrategia integral, centrada en los niños y con una perspectiva de derechos, que permita atender los traumas sufridos y tome en cuenta las cuestiones de género para combatir y erradicar la venta, explotación y abuso sexual de menores.
“Los organismos y los prestadores de servicios de protección infantil están desbordados y su capacidad para recibir y apoyar a los menores se ve sobrepasada”, dijo la experta.
Advirtió que esa incapacidad podría poner en peligro los avances logrados hasta ahora y aumentaría el riesgo de revictimización de los niños que han sido víctimas y sobrevivientes.
Impunidad
Por otra parte, señaló que la lentitud del proceso de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos denunciados ante las autoridades alimentan la idea de impunidad de algunos perpetradores, y no permiten la rehabilitación eficaz de las víctimas, ni el apoyo a los familiares y testigos de la venta y la explotación sexual.
La relatora especial consideró que hace falta una coordinación efectiva entre los diversos sectores para fortalecer las instituciones, además de asignar los recursos adecuados, promover la participación de los menores y establecer objetivos a corto y largo plazo con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
En este sentido, instó al Gobierno a implementar una estrategia más coordinada y sostenible en la aplicación del marco jurídico y los protocolos existentes para garantizar la protección de todos los niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes, sin discriminación.
La educación sexual es crucial
Singhateh llamó a Uruguay a encarar los factores que aumentan la vulnerabilidad a estas prácticas, como la desigualdad de género, la pobreza, todas las formas de discriminación, la persistencia de ciertas normas sociales y la incitación a cualquier tipo de actividad sexual, sobre todo a través de internet y de las redes sociales.
También exhortó a combatir la demanda constante del mercado de la industria del sexo, el trabajo infantil, la exclusión social, el abandono escolar, y el abuso físico y sexual en el seno de las familias.
Asimismo, sostuvo que “la educación sexual en las escuelas es fundamental para informar a los niños sobre los riesgos inherentes a las relaciones sexuales, la autonomía corporal y el embarazo precoz”.
La agenda de la relatora en Uruguay incluyó reuniones en Montevideo, Paysandú y Chuy con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, autoridades locales y municipales, organismos de la ONU, sociedad civil, responsables de la protección de la infancia, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, miembros del sector privado y del mundo académico, comunidades locales y con niños, niñas y adolescentes.
Singhateh presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2024 un informe completo sobre su visita a Uruguay.
*Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
