Exigen a «El Bronco» esclarecer muertes sospechosas de 3 internos

Jueves, 3 de septiembre de 2020 14:07 | Estados | NL-GOBERNADOR

Monterrey, NL., septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Human Rights Watch y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), exigieron al gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, poner atención y resolver presuntos actos de extorsión, abuso y maltrato en perjuicio de los internos, por parte de bandas del crimen organizados, además de aclarar tres muertes sospechosas que se registraron los dos últimos meses en penales del estado.
A través de una carta, Human Rights y Cadhac, externaron a Rodríguez Calderón su profunda preocupación por información que han recibido respecto a condiciones abusivas existentes en las cárceles de la entidad.
Refirieron que, en los últimos dos meses, tres personas han muerto en circunstancias sospechosas en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2, y además recibieron denuncias preocupantes de que bandas delictivas que controlarían las cárceles, «golpean a internos y los obligan a pagar sobornos».
Asimismo, recibieron información sobre personas con síntomas de Covid-19 que son aisladas en condiciones antihigiénicas y degradantes, y a quienes no se les ha brindado tratamiento médico, señalaron en la misiva.
Recalcaron que, conforme al derecho mexicano y al derecho internacional, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger la vida y la integridad personal de todos aquellos que están privados de su libertad, mientras las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica, de manera adecuada, suficiente y gratuita.
Además, las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumana o degradante, asentaron.
Por lo anterior, «a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, lo instamos a que ordene que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre estas denuncias y las tres muertes que ocurrieron en las últimas semanas, para poder determinar el alcance de estos abusos e identificar y sancionar a los responsables», puntualizaron Human Rigths y Cadhac.
Estimaron necesario que, para dar cumplimiento a tales peticiones, el gobierno de Rodríguez Calderón comparta con la Fiscalía General de Justicia toda la información pertinente. Asimismo, instaron a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que inicien investigaciones sobre las condiciones carcelarias y las denuncias señaladas.
Además, ante la pandemia de Covid-19, demandaron el gobierno estatal adopte medidas inmediatas para reducir la sobrepoblación y asegurar que los detenidos y el personal de las cárceles de Nuevo León puedan observar las recomendaciones de salud y distanciamiento social.
Respecto a las supuestas extorsiones que ocurren dentro de los penales, destacaron que el 23 de mayo, se instalaron nueve «mantas» en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey con mensajes presuntamente transmitidos por familias de internos de las cárceles estatales de Nuevo León.
En los mensajes se afirmaba que las bandas delictivas que actuaban en cárceles estatales estaban obligando a los detenidos y a sus familiares a pagar sobornos y dinero a cambio de protección, y que cometían abusos y maltratos contra los internos que no podían pagar.
En agosto de 2020, señalaron en la misiva, Human Rights Watch entrevistó a varios familiares de personas privadas de la libertad y a un ex recluso de las cárceles estatales Apodaca 1 y 2, quienes manifestaron que las bandas delictivas que operan dentro de estas cárceles los obligaron a pagar por protección, además de solicitar sobornos y otros pagos ilegales.
También manifestaron que estas bandas castigan a quienes no pagan, aislándolos, obligándolos a limpiar las celdas de otros detenidos, negándoles alimentos y a veces golpeándolos. Los entrevistados afirmaron que muchos internos no denuncian estas condiciones a organizaciones de derechos humanos, autoridades públicas o sus familiares por temor a ser castigados.