El Alto Comisionado insta a Guatemala a liberar a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este viernes su preocupación por que el proceso penal en contra de la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público de Guatemala, Virginia Laparra, no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria.
“Debería ser liberada incondicionalmente”, afirmó Volker Türk en una declaración a la prensa.
Laparra fue liberada esta semana de la cárcel, pero continúa en arresto domiciliario.
Persecución de funcionarios judiciales
El máximo responsable para los derechos fundamentales también manifestó preocupación debido al incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia durante los últimos doce meses en Guatemala, alertando de que socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.
Türk aseveró que debe cesar la intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas en los casos de violaciones de derechos humanos y de los que investigan casos de corrupción. Todas esas formas de acoso son reprensibles y deben terminar, apuntó.
En este contexto, reiteró su llamado a las autoridades guatemaltecas para que refuercen y garanticen la independencia del sistema judicial, y para que brinden la protección necesaria a las personas operadoras de justicia.
Uso excesivo de la prisión preventiva
Virigina Laparra Rivas fue puesta en prisión preventiva por los procesos penales rque emprendió en su labor como fiscal de Quetzaltenango.
Según la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite los procesos contra Laparra se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo retrasos indebidos y uso excesivo de la prisión preventiva, todo ello en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad.
Cuando Laparra fue encarcelada, Satterthwaite enfatizó que se estaba “abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos”, y recordó “que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales y que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir sus funciones en la lucha contra la corrupción”.
