En la Albufera de Valencia falta agua y nadie admite su culpa: lo que esconde la batalla política entre Gobierno y Generalitat
No me andaré por las ramas: las 21.120 hectáreas de la Albufera de Valencia son una de las piezas claves de la biodiversidad Europea y una joyas de la corona de la naturaleza española. Una joya que, como empieza a ser costumbre, parece que estamos decididos a abandonar a su suerte.
Tras Doñana y el Mar Menor, la batalla política ha llegado a esta laguna de agua salada situada a unos diez kilómetros al sur de la ciudad de Valencia
¿Qué ha pasado? Que en los últimos días, las aportaciones de agua que recibe la Albufera desde los sistemas hídricos del Júcar y el Turia está siendo motivo de polémica. Por un lado, la Generalitat valenciana dice que el Gobierno Central solo ha transferido dos hectómetros cúbicos de los 20 comprometidos a la laguna. Por el otro, el Ministerio de Transición Ecológica lo negó y argumentó que el aporte total había sido de más de 50.
Ahora un informe técnico cuestiona los datos del Ministerio y afirma que el Gobierno recurre a «agua que se queda en los campos o va al mar para defender que cumple con las aportaciones». Es decir, que está inflando las cifras. La Confederación del Júcar, por su parte, señala que esos 50 hectolitros han salido por las cuatro acequias que alimentan la laguna y que su gestión corresponde a la Generalitat (que tiene pendiente aprobar el plan de gestión hídrica).
El asunto de fondo. Ahora han empezado a trascender documentos que aportan algo de luz entre tanta batalla dialéctica: como de costumbre, el problema de la Albufera es que nadie sabe de dónde sacar el agua para mantenerla en buen estado. Y no porque no la haya. Al fin y al cabo, la Albufera tiene garantizados unos caudales mínimos.
El problema es que esos 20 hectómetros cúbicos (que se calcula que se necesitan) hay que sacarlos de algún lado, hay que quitárselos a alguien; y nadie quiere responsabilizarse de ello a las puertas de unas elecciones europeas. Unas elecciones en las que Teresa Ribera, la ministra del ramo, concurre como cabeza de lista por el PSOE.
La progresiva politización de una naturaleza cada vez más frágil. Como explicaban en el Datadista, España lleva décadas acercándose cada vez más al precipicio de la insostenibilidad. Desde la gran sequía de los 90, «cada periodo seco ha servido para implantar medidas de emergencia para la agricultura o permitir prácticas que no se eliminaron al volver las lluvias» sino que «se emplearon para ampliar regadíos, aumentando el problema de sobreexplotación y contaminación de acuíferos y los humedales a los que alimentan».
Ahora, muchos años después y con una situación muy delicada, somos incapaces de equilibrar la protección de los principales humedales y albuferas del país. Es más, sus problemas solo sirven para alimentar interminables batallas políticas que nunca termina por asegurar su viabilidad ecológica y su futuro socioeconómico.
¿El resultado? «Cansancio», «sonrojo» y «vergüenza». Como explicaban en Levante, colectivos como SEO Bird Life, Xúquer Viu y AGRÓ están pidiendo a la Generalitat y al Gobierno que dejen esta escalada de declaraciones y se pongan «a trabajar juntos y con responsabilidad» para garantizar el agua que necesita el lago.
Solo podemos esperar que, como tantas veces en los últimos años, ese acuerdo llegue al menos cuando pasen las votaciones.
Imagen | Nacho Pintos
