Si te venden combustible (muy) barato, sospecha: se investiga una"mafia del diésel" por defraudar 1.900 millones de euros
Uno de cada cuatro litros que compramos de diésel es fraudulento. Los datos son de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y los recogía la Cadena Ser. Este organismo investiga un entramado fraudulento que le cuesta al estado 1.900 millones de euros anuales y que lleva operando unos 13 meses en nuestro país.
En junio contamos que Hacienda, de quien depende la ONIF, estaba investigando un fraude que sumaba 1.000 millones de euros relacionado con la venta de diésel extremadamente barato. Entonces, el foco se puso en 400 estaciones de servicio repartidas por 14 comunidades autónomas que podrían estar defraudando dinero del IVA que debían declarar (cobrado a los clientes pero no declarado ante el Estado).
Sin embargo, ya se entreveía que el caso iba mucho más allá. En la investigación también se reclamó, a las compañías que se creen involucradas en la trama, justificantes en los que se especificara la procedencia de los combustibles. Ahora, según ha hecho saber la ONIF, este es uno de los hilos clave de una investigación que parece haber doblado el volumen del dinero defraudado.
Petróleo de Rusia y Siria de falsa bandera
Según ha publicado la Cadena Ser, la investigación de la ONIF se ha abierto y ahora tienen tres hilos de los que tirar.
La liebre ha saltado porque algunos operadores han estado vendiendo el diésel entre 40 y 60 céntimos/litro más barato su combustible. Una diferencia de precio que era anticompetitiva para la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), que denunciaba en verano que era imposible igualar los precios de algunas estaciones de servicio.
Este ahorro para el consumidor final, que por cada 50 litros de combustible se estaría ahorrando más de 20 euros, ha hecho proliferar el hecho fraudulento. Todo indica que el combustible vendido en las gasolineras implicadas es ilegal porque su origen es Rusia, Siria o Irán, quienes tienen que operar bajo embargo y están dando salida de manera ilegal a su petróleo.
El diésel es enviado a países como Marruecos o Turquía donde, supuestamente, el combustible es refinado y convertido en diésel para su venta y, de esta manera, entre de manera «legal» a países como España. Es decir, sería algo así como un diésel de «falsa bandera» que para las autoridades se vende como turco o marroquí pero cuyo origen hay que buscarlo en Rusia, Siria o Turquía.
Esto permite a los países de origen dar salida a su excedente de petróleo y, sobre todo, saltarse el bloqueo económico. El coste para los operadores es mucho menor y, por tanto, pueden ofrecer el producto final al cliente a un precio muy inferior, ahorrándose dinero el último y ganando por volumen de ventas el primero.
Explican en la emisora nacional que todo el entramado repercute en millones de euros de fraude que se reparten entres pilares.
Para operar en España es obligatorio que el producto ofrecido contenga una cantidad mínima de biocarburante para reducir el CO2 emitido. Este diésel ilegal no cumple con esta norma y suma, según la ONIF, entre 500 y 600 millones de euros.
Una segunda pata de este fraude está en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las petroleras deben aportar dinero en el mismo para compensar parte de la contaminación generada. Las empresas que forman parte del entramado no rinden cuentas aquí y se calcula que se están evaporando entre 60 y 100 millones de euros.
Pero el pilar más importante y donde más dinero se están ahorrando las compañías investigadas es en el IVA. En el último año se ha detectado un aumento sin precedentes de las solicitudes para hacerse con un título de «operador al por mayor» de petróleo. Tanto que el Ministerio, quien expide el título que luego es registrado por la CNMC, ha paralizado 200 peticiones.
Se cree que el grueso del fraude está aquí. Estos operadores son empresas que venden el carburante a las estaciones de servicio a un precio más barato que la competencia. Éstas desembolsan el IVA pero dicho impuesto no es declarado por el operador que a los tres meses cierra y desaparece habiéndose embolsado el 21% extra de la operación sin devolverlo. Según las cuentas de la ONIF, el fraude se eleva a 1.200 millones de euros.
Con el paso de los años, este tipo de prácticas parece haberse disparado. Aseguran en la Cadena Ser que antes de la pandemia el 5% del diésel que se vendía en España incurría en prácticas ilegales pero que éste ha crecido hasta un 25% en apenas cuatro años.
Foto | Xataka
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