Noruega implantó hace años una tasa del 22% para los pisos de Airbnb. Solo le ha servido para recaudar más
Ni menos oferta ni merma de competitividad. La «tasa Airbnb» aprobada hace años por el Gobierno de Noruega ante el peso creciente de la plataforma en el país parece ser inocua. No ha servido para animar a los caseros a trasladar sus viviendas al mercado del alquiler residencial, favoreciendo así su abaratamiento. Ni tampoco se ha notado en las tarifas anunciadas en la web estadounidense.
Eso al menos es lo que desliza un estudio reciente sobre la materia publicado en Economics Letters. El informe es de 2023, pero ha ganado un interés especial para España, donde PSOE y Sumar han abierto el debate sobre la aplicación de un IVA del 21% a los alquileres turísticos.
España no es el único país que ha visto cómo en Airbnb ampliaba su oferta de alojamiento a un ritmo vertiginoso. Ha ocurrido en otros muchos países, incluidos Francia, Italia o EEUU, lo que ya ha llevado a algunas administraciones a mover ficha para limitar su influencia en el mercado, cuando no directamente expulsarlo.
La experiencia de Noruega
Otro buen ejemplo lo deja Noruega, donde hace años saltó también una polémica por el boom de Airbnb: la exención fiscal de la que disfrutaban los alquileres de corta estancia. Los ingresos generados con esos arrendamientos breves, de menos de 30 días y pensados para turistas, no estaban sujetos a impuestos.
Y eso, a medida que la plataforma ganaba peso en el país, generó malestar tanto entre los hoteles como parte de la población. Los primeros se encontraron con nueva competencia. Los segundos vieron cómo se complicaban sus opciones de encontrar vivienda asequible.
Nada que España no haya experimentado en sus carnes.
Con ese telón de fondo, el Gobierno noruego decidió mover ficha y hace años introdujo un nuevo impuesto dirigido a los alquileres de corta estancia. Su apodo: «Airbnb tax». Básicamente, a partir de 2018 los caseros de Noruega se encontraron con que el dinero que ingresaban a través de ese tipo de arrendamientos, pensados para turistas, debían tributar con una tasa del 22%.
Ese ese el resumen, claro. La letra pequeña resulta algo más compleja.
El Gobierno decidió aplicar el impuesto únicamente a aquellos propietarios que superasen un umbral anual de ingresos, 10.000 coronas, unos 860 euros, y la tasa tampoco se extendió al 100% de su facturación. Se calcula sobre el 85% de ese valor total. En su página web, Skatteetaten, la Administración Tributaria de Noruega, detalla exactamente cómo y cuándo se cobra el nuevo gravamen, incluyendo ejemplos con pisos alquilados a través de Airbnb.
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¿Qué se buscaba Noruega con esa medida? Lo explican Marcel Garz y Andrea Schneider en un artículo publicado en Economic Letters en el que la analizan en detalle. Básicamente, devolver vivienda al mercado del alquiler residencial con precios más asequibles. Todo mientras las arcas públicas ingresaban el nuevo impuesto.
«En teoría, la tasa debería provocar la salida de los anfitriones para los que la carga fiscal haría que el alquiler no resultase rentable. O induciría subidas de precios, ya que los anfitriones comparten parte de la carga fiscal con el cliente. O ambas cosas. Al menos si los anfitriones cumplen con el impuesto», comentan.
Esa era la teoría. La realidad resultó ser algo distinta.
Tras analizar en detalle la respuesta del mercado y compararlo con Suecia, país con el que Noruega comparte similitudes en el terreno social, turístico e inmobiliario, Garz y Schneider llegaron a una conclusión rotunda: «Utilizando datos a nivel individual sobre la población entre 2015 y 2019, no encontramos pruebas de que en Noruega los anfitriones abandonaran Airbnb o incrementaran sus precios».
En resumen, en su informe ambos investigadores descartan que el impuesto haya tenido «efectos económicos» relevantes.
«No encontramos un efecto significativo del impuesto en la propensión de los anfitriones a anunciar propiedades en Airbnb, con estimaciones puntuales cercanas a cero. Tampoco cambiaron significativamente su número de propiedades listadas», abundan. Y con respecto a las tarifas, insisten: «Cualquier aumento potencial de precio fue pequeño en el mejor de los casos en comparación con la tasa del 22%«.
Sus cálculos muestran que los caseros ganaron de media alrededor de 5.131 dólares al año durante el período 208/2018, lo que se traduciría en el pago de cientos de dólares al año en impuestos. La suma es «lo suficientemente elevada» —valoran los expertos— como para que una parte de esos anfitriones llegasen a la conclusión de que anunciar sus casas en Airbnb ya no les resultaba rentable. O al menos que ese coste se trasladase a los precios finales y repercutiese en el bolsillo de los clientes.
No ocurrió ninguna de ambas cosas. Y Garz y Schneider apuntan a un factor clave que ayuda a explicar esa aparente falta de resultados: cómo se aplicó la medida. En su artículo hablan de «una aplicación deficiente de los impuestos» e insisten en la necesidad de desplegar «diseños tributarios efectivos».
«Estos resultados apoyan la conjetura de que el impuesto no se aplicaba suficientemente, ya que dependía de que los contribuyentes declararan por sí mismos sus ingresos por alquiler», rematan. De hecho Noruega está tanteando ya otras vías dirigidas también al sector, como crear un impuesto turístico.
Noruega no es el único país que ha movido ficha en un intento por paliar los efectos de la expansión de Airbnb. Hace ya una década Ámsterdam acordó con la plataforma que esta se encargaría de recaudar la tasa turística entre sus clientes, Nueva York le ha impuesto límites estrictos, lo que deja otro ejemplo de medida de control frustrada —la oferta se desplazó a Nueva Jersey—; Barcelona directamente quiere decir adiós a los alquileres temporales y en Francia se han puesto a actualizar su normativa para reforzar la regulación de los alquileres vacacionales.
El caso escandinavo resulta sin embargo especialmente interesante en España, donde se ha abierto el debate sobre la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos, una medida acordada por PSOE y Sumar durante su negociación del paquete fiscal del próximo año.
Desde el sector ya han mostrado su preocupación por la medida, pero si algo demuestra el ejemplo de Noruega es que los efectos de la tasa pueden no ser los esperados. No al menos, como deslizan Garz y Schneider, si no se acompañan de una buena estrategia.
Imágenes | Darya Tryfanava (Unsplash) y Samuel Han (Unsplash)
