Muface queda pendiente de un hilo: la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios depende de que haya acuerdo
La asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios del Estado y sus familias se encuentran en la cuerda floja ante la falta de consenso en la negociación entre el Gobierno y las aseguradoras privadas. Esa falta de acuerdo podría terminar en una crisis sanitaria que pondría en serios aprietos a la ya maltrecha sanidad pública.
¿Qué es Muface? Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) nació en 1975 como una entidad autónoma dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública aunque, de forma indirecta, también tiene implicaciones con el Ministerio de Sanidad.
Este organismo se basa en un concierto entre el Gobierno de España y varias mutuas de asistencia médica privada que firman un convenio cada de dos años. En ese convenio, las mutuas privadas se comprometen a dar asistencia médica a los funcionarios públicos a cambio de una cuota anual acordada por cada mutualista mediante una licitación pública.
Por qué es importante. Cada año, los funcionarios pueden optar entre ser atendidos por la sanidad publica y optar por la asistencia concertada con las mutuas privadas. Según datos de 2023 de Muface, de los 1.537.731 afiliados de Muface, el 65,06% optaron por la asistencia concertada, mientras que el 34,94% restante optó por la sanidad pública.
Eso implica que la sanidad pública no atiende directamente a más de 1 millón de funcionarios, sino que deriva toda su asistencia médica a las mutuas consignantes. Es decir, son menos usuarios para el sistema de atención público ya que todas sus necesidades quedan cubiertas por las mutuas privadas a cambio de una cuota anual fijada.
Según datos de 2022 del informe ‘La aportación del sector sanitario privado’ elaborado por la Fundación IDIS, de media, cada usuario de la sanidad pública cuesta al sistema sanitario unos 1.675 euros al año, frente a los 1.020 euros anuales per cápita de Muface. Es decir, supone un ahorro del 39,1% al año.
Sin acuerdo entre Gobierno y aseguradoras. El acuerdo de Muface se basa en una licitación cada dos años en la que las aseguradoras concurren en forma de concurso público. Sin embargo, ninguna de las aseguradoras implicadas (Adeslas, Asisa y DKV) presentó sus propuestas en la convocatoria pública del pasado mes de noviembre. El motivo: perdían entre 77 y 200 millones de euros al año ofreciendo asistencia sanitaria a los funcionarios y pedían incrementar un 40% las primas de cobertura para el servicio de los dos próximos años. Esa infrafinanciación ya provocó el abandono de otras aseguradoras como Mapfre, Caser o Sanitas, de acuerdo a lo publicado por El periódico de España.
Como publicaba El País, la cifra propuesta por las aseguradoras se quedaba muy lejos del incremento del 14% que proponía el Gobierno, por lo que el concurso quedó desierto a la espera de negociación de nuevas condiciones. Ante las demandas de las aseguradoras, se ha iniciado una ronda de negociaciones en las que el Gobierno ha incrementado su propuesta hasta el 17,12%. Eso supondría una inversión sanitaria de 1.208,81 euros año por cada usuario de Muface.
¿Qué pasa si no hay acuerdo? Gobierno y aseguradoras tienen hasta el 1 de enero de 2025 prorrogable durante un mes más para alcanzar un acuerdo que sirva como pliego de condiciones para la licitación para los próximos dos años. El Gobierno podría imponer a las aseguradoras una prórroga de nueve meses con las mismas condiciones, aunque implicaría el fin de Muface.
De no llegarse a un acuerdo, 1,5 millones de funcionarios pasarán a incorporarse a la sanidad pública. Lo que implicaría tensionar todavía más la infraestructura pública con 1,5 millones de usuarios más de golpe. Para atenderlos, el Estado debería incorporar a más de 700 médicos, lo cual se sumaría al déficit de 4.500 facultativos que ya tiene.
El sindicato mayoritario en la función pública española, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha denunciado ante el Defensor del pueblo que las aseguradoras ya han comenzado a retrasar, anular o suspender citas médicas en Muface a la espera de las nuevas condiciones. El sindicato asegura en su comunicado que «no va a permitir que se juegue con la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios, por lo que no descartamos nuevas movilizaciones, como paros parciales o incluso un paro total en la Función Pública».
Alternativas: el copago. Tal y como publicaba El Español, una de las alternativas que se plantean desde las asociaciones de funcionarios es la del copago, de forma que los propios usuarios de la asistencia privada abonen una parte de ese coste extra. «No estamos dispuestos a negociar el fin de Muface, a dejar a 1,5 millones de funcionarios sin atención sanitaria», ha aseverado Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca (Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado).
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