En Canarias acceder a una vivienda es misión imposible. Así que una ONG las está comprando y alquilando por 300 euros al mes
A mediados de octubre, justo después de que miles de personas saliesen a la calle en Madrid para reclamar alquileres más asequibles y amagaran con una ‘huelga de inquilinos’, la ministra de Vivienda reconoció que España atraviesa una «situación de emergencia» en materia residencial. No es fácil comprar una casa. Ni alquilarla. Sobre todo allí donde los mercados están más tensionados por la demanda, caso de Barcelona, Madrid o las Islas Canarias, donde la presión añadida del turismo masivo ya obliga a algunos trabajadores a vivir en autocaravanas.
Con ese telón de fondo en Canarias ha surgido una experiencia que revela hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un reto de primer nivel en España: una ONG ha decidido proporcionar casas en alquiler a precios asequibles.
¿Una ONG que gestiona casas? Correcto. La noticia la avanzaba hace unos días SER Las Palmas. En plena escalada de alquileres y con la vivienda convertida en uno de los problemas que más quita el sueño a los españoles según los sondeos del CIS, en Canarias una organización sin ánimo de lucro (Provivienda) busca ponérselo un poco más fácil a las familias que quieran alquilar una casa.
¿Cómo? La cadena SER precisa que mediante la adquisición de casas en el mercado libre que luego se arrendan a inquilinos vulnerables a cambio de un precio muy inferior al del mercado, unos 340 euros mensuales. El acuerdo lleva aparejado una serie de condiciones. Por ejemplo, los beneficiados se comprometen a alquilar siete años y los contratos pueden prolongarse durante varias décadas.
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«Pionera a nivel estatal». Hace poco Fernando Rodríguez, directivo de Provivienda, reivindicaba que su iniciativa es «pionera» a «nivel estatal» y defendía sus bondades. «Hasta ahora la promoción de vivienda pública estaba en manos de la administración y en segundo lugar de los promotores. Aquí hemos abierto una tercera vía, el tercer sector como proveedor de vivienda pública social», asegura.
En 2024 se arrendaron 40 casas y a finales de este año Rodríguez confía en disponer de un parque de casi un centenar de casas para ofrecerlas a cambio de rentas sociales. Con ello espera paliar uno de los «problemas estructurales» que, en su opinión, padece el mercado canario: la escasez de alquileres asequibles.
Pisos por 340 euros. «Ya hemos empezado con el alquiler de las primeras viviendas y la media de renta está en torno a los 340 euros mensuales», asegura el responsable de Provivienda. Los apartamentos arrendados se reforman y acaban ocupados por personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública de Canarias, que abonan básicamente su alquiler y las facturas.
Los gastos de comunidad, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la tasa de basuras o el seguro los asume el arrendador. En cuanto a los precios de la renta y por qué se ha decidido esa media de 340 euros mensuales, Rodríguez aclara que los alquileres se limitan a cinco euros el m2 y las casas rondan los 65 y 70 m2.
Sumando esfuerzos (e inversión). La ONG no es la única que saca pecho. En mayo de 2023 el Gobierno de Canarias anunciaba la inversión de 6,2 millones de euros para la compra de 76 viviendas que se destinarían al «alquiler asequible para familias vulnerables» de la mano de Provivienda. «Se ha firmado un convenio con la asociación para la compra de las viviendas en municipios tensionados por el precio de lo alquileres», explicaba la oficina de Sebastián Franquis.
El comunicado emitido en 2023 por la Consejería ayuda a entender mejor el programa de vivienda y cómo se adquieren los apartamentos que luego se alquilan a personas vulnerables con ayuda de Provivienda. Los 10,2 millones que costó hacerse con aquellas 76 casas, por ejemplo, se sufragaron al 60% con fondos públicos y al 40% con recursos aportados por la propia organización.
Familias excluidas del mercado. La organización también selecciona las propiedades siguiendo varios criterios. En el caso de las 76 anunciadas en 2023, por ejemplo, las casas se repartían por Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona y Los Llanos de Aridane.
«Las viviendas financiadas solo podrán arrendarse o cederse a personas cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM (20.844 euros al año) en el momento de la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento o cesión», añadía el Gobierno insular. El objetivo: que puedan beneficiarse del programa «familias vulnerables que no pueden acceder a una vivienda del mercado libre».
¿Qué es Provivienda? En 2023 el Ejecutivo canario la presentaba como una organización no gubernamental constituida como una asociación sin ánimo de lucro y dedicada a «promover programas de vivienda y alojamiento de carácter social», sobre todo para aquellas personas que tienen más problemas a la hora de acceder a un piso. Según cálculos del Gobierno regional, por entones había gestionado ya más de 25.000 viviendas en alquiler solo en Canarias.
El año pasado el Gobierno volvió a anunciar un acuerdo de colaboración con la asociación para «consolidar» el programa ‘Vivienda vacía’. La entidad también ayuda a inmigrantes a buscar residencia y ha llegado a acuerdos con otros organismos públicos fuera de las islas, como la Xunta de Galicia.
El telón de fondo. Como telón de fondo está el difícil panorama residencial que se vive en buena parte del país, incluido el archipiélago, donde ya se han registrado protestas por los efectos de la turistificación. Los datos de Idealista muestran que el precio del m2 en alquiler en Santa Cruz de Tenerife se ha encarecido un 13,5% en un año hasta rozar los 14 euros. En Las Palmas se supera esa cifra tras un alza del 8,4%. Ambos superan con creces los 5 €/m2 del programa social.
Ese encarecimiento de la vivienda ha dificultado su acceso en el archipiélago, una realidad constatada ya por diferentes organismos. El XIV informe El Estado de la Pobreza, presentado el pasado otoño en el Parlamento canario, refleja por ejemplo el descenso porcentual de las personas que residen en casas de su propiedad en solo unos años o cómo la vivienda es ya en un factor de vulnerabilidad.
Imágenes | Vidar Nordli-Mathisen (Unsplash)
