Por unanimidad la LXII aprobó eliminar del Código Penal estatal el delito de ultrajes, con el fin de evitar restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, por considerar que criminaliza la crítica hacia las personas servidoras públicas.
La reforma evitará restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión, toda vez que se considera al delito como anacrónico y que no corresponde a las demandas de una sociedad que valora el escrutinio público hacia sus autoridades.
Resalta que la necesidad de ajustar el marco jurídico estatal, dado que el delito es contrario al orden constitucional, pues vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución y los tratados internacionales.
