España se ha cansado de las prácticas de Ryanair. Y la aerolínea va a golpear donde más duele: los aeropuertos de provincias

«Antes de que un payaso suba los precios».

La escalada de comunicaciones entre el Gobierno y Ryanair ha llegado a su punto álgido. O eso imaginamos. Porque podemos imaginar que va a ser complicado que se supere la campaña promocional lanzada por la compañía aérea para vender billetes por menos de 20 euros.

Michael O’Leary, CEO de Ryanair, ha grabado un vídeo para mostrar su desacuerdo con la multa impuesta por España por cobrar un extra a la hora de llevar en la cabina del avión una maleta de mano. Todo más o menos normal si no fuera porque junto a O’Leary hay una fotografía de Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, caricaturizado como un payaso.

La promoción de los nuevos billetes a bajo precio ha continuado con un anuncio en su propia página web en el que animan a la compra y utilizan la imagen de Bustinduy, de nuevo vestido de payaso, como principal causante de una supuesta subida futura de los precios de los billetes.

«No es mi estilo participar de las excentricidades de un millonario extranjero», ha señalado Bustinduy en lo que es la polémica más mediática pero tras la que, sin duda, se esconde un problema mucho mayor que amenaza a los aeropuertos de menor tamaño y flujo de pasajeros.

Una amenaza que vacía aeropuertos

Para entender todo el cruce de declaraciones entre Gobierno y Ryanair hay que irse unos meses atrás. El 29 de noviembre, se confirmaba una multa de España a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea con una suma de 179 millones de euros. De esa cantidad, 107,78 millones de euros recaían sobre la compañía irlandesa.

El castigo económico llegaba después de que el Gobierno entendiera que el cobro por el equipaje de mano y cobrar por seleccionar asiento con personas dependientes era una práctica abusiva. La denuncia la había presentado FACUA y ya en verano la Secretaría General de Consumo y Juego ya propuso una sanción de 150 millones de euros.

Entonces se abrió un periodo de reclamaciones para que las aerolíneas pudieran defenderse. Todos los recursos fueron desestimados y el Gobierno terminó por elevar la cantidad haciendo referencia a que las prácticas habían continuado y, por tanto, los beneficios ilícitos habían seguido creciendo. Así se llegó a la sanción de más de 100 millones de euros para Ryanair y la suma de 179 millones de euros para el total de las compañías sancionadas.

La decisión del Gobierno se basó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 que ha decidido aplicar la norma modificada en 2022. Ese año, el Ministerio de Consumo, entonces liderado por Alberto Garzón, modificó la Ley de Consumidores para poder sancionar a las grandes empresas que incurrieran en fraude.

Ryanair, evidentemente, se muestra disconforme con la aplicación de la norma. Europa ha llamado a declarar a España. Ahora, el Gobierno tendrá que dar explicaciones frente al EU Pilot, un árbitro mediador pensado para resolver conflictos entre la Comisión Europea y los Estados miembros.

Lo que alegan desde Ryanair es que es cierto que la Unión Europea obliga a garantizar un transporte de maletas sin cargo extra al billete del avión pero esa normativa no establece unas medidas y que, como no existe una maleta de cabina «estándar», por eso cobran por trasladar este equipaje ya no cabe todo en el avión.

Adiós Jerez y Valladolid

Mientras todo esto sucede, Ryanair ha actuado con otras medidas de presión. Alegando que las tasas de AENA son demasiado altas y que subirán en el futuro, la compañía irlandesa ya ha anunciado que se marchará de los aeropuertos de Jerez y de Valladolid. Además, reducirá su actividad un 61% en Vigo, Santiago de Compostela (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). En total, se reducirá un 18% el volumen de viajes que presta en estos aeropuertos, eliminando 800.000 asientos en la suma total de las 12 rutas afectadas.

Estas tasas, que se utilizan para garantizar los servicios básicos de los aeropuertos, desde la limpieza y la seguridad hasta el traslado al propio avión, tienen un coste de 10,35 euros por pasajero de media y son «de las más bajas de Europa», señalan desde AENA. En 2021 esta tarifa se congeló hasta 2026 pero el año pasado se elevaron un 4,9%. En 2025, la CNMC congeló de nuevo los precios.

La medida de presión que ha ejercido Ryanair es la de apuntar a los aeropuertos menos concurridos pero donde su presencia es esencial para mantenerlos con vida.  La compañía sabe que España es un destino vacacional en la mente de cualquier europeo pero también tiene en su mano dejar abandonados, o casi, ciudades con aeropuertos de menor entidad.

Por ejemplo, en Valladolid hay contabilizados 15 vuelos en las dos próximas semanas, siete de ellos son de Ryanair. Su marcha pone en peligro el empleo de una docena de trabajadores. Lo que ofrece la compañía en muchos de estos vuelos desde ciudades de menor tamaño son trayectos al extranjero. En Santander apenas unos pocos vuelos son los que no tienen como destino Madrid o Barcelona. Uno de ellos lo gestiona Binter, con destino Islas Canarias, pero los otros (Londres, Dublín, Roma o Valencia) los presta todos Ryanair. Su salida deja sin apenas posibilidades de volar a los cántabros a otros lugares que no sean Madrid o Barcelona.

Desde el Gobierno se defienden asegurando que las tasas operativas en estos destinos son muy bajas y que apenas llegan a los dos euros por pasajero de media. En elDiario.es explican bien que las compañías que operan en estos espacios han utilizado el dinero de los ayuntamientos y las comunidad autónomas para, sin entregar ayudas directas, garantizar que el aeropuerto (nacido de la burbuja de antes de 2008) siga funcionando con estrategias como proyectar publicidad local en los aviones de las compañías aéreas.

Para poner un ejemplo, en el medio digital explican que el pasado verano el Gobierno de Cantabria entregó 18 millones de euros en concepto de promoción pública a Ryanair. Ese mismo mecanismo ha sido el utilizado por la compañía durante años para dar servicio a nuevos espacios aéreos. En estos momentos, más del 60% del volumen de viajes del aeropuerto de Cantabria lo acumula Ryanair.

Esta batalla entre Ryanair y su posición en España se ha trasladado también a las entidades locales. Vigo ha sancionado a la compañía con una multa de 17.414,24 euros al eliminar la ruta, a partir de verano, entre la ciudad y Londres, lo que entienden que es un incumplimiento del contrato por el que la localidad había desembolsado 625.000 euros para garantizar el trayecto durante, al menos, tres años. Dinero que, evidentemente, había llegado de la mano de vinilados en los aviones para promocionar la ciudad.

Por su parte, Andalucía también ha querido castigar a la empresa pero, en esta ocasión, se agarran al mismo motivo que el Gobierno estatal: el cobro por las maletas. Así, han impuesto una sanción de 46.250 euros alegando que la compañía ha incurrido en una falta grave.

De momento, el conflicto sigue enquistado y lo que es evidente es que las consecuencias van a recaer sobre los aeropuertos donde la compañía irlandesa tiene más fuerza.

Foto | Portuguese Gravity

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