Un venezolano se inventó una ciudad sin ley en mitad de una isla. Ahora los millonarios que le siguieron no saben cómo escapar
En la historia reciente hay varios ejemplos de proyectos de ciudades privadas con fines de lucro que buscaban redifinir el concepto de gobernanza y desarrollo económico combinando principios libertarios, neoliberales y corporativistas en la misma coctelera. Shenzhen, en China, comenzó como una zona económica especial en 1980 y creció de ser un pueblo pesquero a una metrópolis con un PIB de 482 mil millones de dólares. Y ahí tenemos a Neom en Arabia Saudita, aunque está por ver que ese futuro se confirme.
En cualquier caso, ninguna como Próspera.
Un experimento radical. Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Prospera fue concebida como una ciudad-estado libertaria, con una estructura fiscal y regulatoria independiente diseñada para atraer inversionistas, empresarios tecnológicos y defensores del libre mercado.
Creada por el venezolano Erick Brimen, un exgerente de fondos de inversión, la comunidad opera bajo su propio código legal, tasas impositivas mínimas y un sistema judicial digital administrado por jueces retirados de Arizona. Con una tasa impositiva corporativa del 1% y sin impuestos sobre ganancias de capital, el enclave se presentó como una alternativa al sistema hondureño, buscando demostrar que la economía de libre mercado y la mínima intervención gubernamental pueden generar prosperidad.
Millonarios a la carrera. Como decíamos, desde su fundación en 2017, la ciudad atrajo el interés de inversionistas de Silicon Valley. Allí se integraron gente como Brian Armstrong (CEO de Coinbase) y Peter Thiel, quienes vieron en Prospera un espacio ideal para la innovación tecnológica y financiera.
La comunidad también se convirtió en un punto de encuentro para biohackers y criptomillonarios, organizando conferencias con el lema “Make Death Optional” y facilitando la instalación de empresas de biotecnología y energía nuclear. Sin embargo, la ambición del proyecto pronto chocó con la realidad política y social de Honduras, desencadenando una crisis que ahora amenaza con desmantelar su existencia. Los millonarios que se las veían tan felices no saben cómo salir.
El colapso del marco legal. La existencia de Prospera fue posible gracias a la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), aprobada durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué ocurrió? Que Hernández fue arrestado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y su sucesora, la presidenta Xiomara Castro, pasó a calificar el proyecto como una creación de un “narco-régimen”. En 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley de las ZEDEs, poniendo en duda la legalidad de Prospera.
Ante esta amenaza, Brimen demandó a Honduras por 11.000 millones de dólares ante un tribunal internacional de arbitraje, alegando que la revocación de su estatus especial constituye una expropiación ilegal. Paralelamente, se ha gastado cientos de miles de dólares en lobby en el Congreso de Estados unidos buscando presionar al gobierno para que sancione a Honduras si no protege la inversión extranjera en Prospera.
La comunidad se revela. Además, el problema para estos “inversores” se agravó cuando al rechazo del gobierno central de la “ciudad” se añadieron líderes locales y comunidades indígenas en Roatán. Es más, la comunidad de Crawfish Rock, que colinda con Prospera, ha denunciado que el proyecto representa una amenaza para su territorio y forma de vida. Tensiones sobre el acceso al agua y la expansión territorial han derivado en enfrentamientos entre empleados de Prospera y residentes locales.
Un paraíso regulatorio. Si te preguntas por qué acudieron a la llamada de Brimen tantos millonarios, la respuesta está en uno de los aspectos más controvertidos de Prospera: su modelo de autorregulación, donde las empresas pueden elegir entre regulaciones de 36 países distintos o incluso crear sus propias normativas, siempre que contraten un seguro de responsabilidad civil.
De ahí que se haya convertido en un refugio para sectores de alta tecnología y biomedicina, incluyendo startups sobre longevidad extrema y terapias experimentales prohibidas en Estados Unidos.
¿Quiénes? Contaba Bloomberg hace unos días en un especial sobre la ciudad que entre las empresas que han establecido operaciones en Prospera destacan Oklo, una startup respaldada por Sam Altman que desarrolla pequeños reactores nucleares, empresas de biotecnología, algunas dedicadas a tratamientos médicos no regulados, y una gran cantidad de inversionistas en criptomonedas, atraídos por la posibilidad de pagar impuestos con Bitcoin.
En cualquier caso, y a pesar de su éxito atrayendo capital privado, la falta de un marco tributario claro ha generado esas fricciones con el gobierno local. El alcalde de Roatán, Ron McNab, ha criticado que Prospera usa la infraestructura de la isla sin pagar impuestos municipales, lo que agrava problemas urbanos como la falta de carreteras, drenaje y seguridad.
Expansión del modelo. A medida que la viabilidad de Prospera en Honduras se ha vuelto más incierta, Brimen y la empresaria Magatte Wade han lanzado un nuevo proyecto: Prospera Africa, un intento de replicar el modelo en países africanos.
Al parecer, África subsahariana es vista como un terreno fértil para este tipo de proyectos debido a su rápido crecimiento urbano y alta demanda de inversión privada. Eso sí, Wade ha enfatizado que su intención es evitar los errores cometidos en Honduras y trabajar en colaboración con los gobiernos locales.
Una utopía libertaria. Así las cosas, lo que comenzó como un experimento en autogobierno ha evolucionado en una lucha legal, política y social con el gobierno hondureño y los locales en “armas” contra esta ciudad inventada. Mientras Brimen y sus aliados presionan por el reconocimiento internacional de Prospera, la resistencia local y las acciones gubernamentales han convertido su sueño y el de los inversores en una pesadilla con una cifra a dirimir: 11.000 millones de dólares.
Lo curioso de esta historia es que, lejos de tratar de ponerle fin, el destino de Prospera podría replicarse en otros lugares y, llegado el caso, determinar el futuro de otras ciudades autónomas en todo el mundo. Si logra sobrevivir y le dan la razón, sentará un precedente para otros tantos proyectos similares. Si fracasa, reforzará el escepticismo sobre la viabilidad de estos enclaves libertarios en países con contextos políticos y económicos frágiles.
Lo que sí parece claro es que el enfrentamiento entre Prospera y Honduras está lejos de terminarse, exponiendo desafíos fundamentales de las ciudades privadas: ¿puede una corporación reemplazar a un Estado? O quizás la gran pregunta: ¿Hasta dónde llega el derecho de una comunidad a autogobernarse?
Imagen | Zaha Hadid
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