En la Galicia vaciada hay ayuntamientos haciéndose cargo de gasolineras y tiendas. El objetivo: no quedarse sin servicios
La España vaciada es la España despoblada, pero también la que se vacía de empresas y servicios. Ambos, la falta de vecinos y la ausencia de negocios que cubran sus necesidades más básicas, forman parte de un mismo círculo vicioso que a la larga condena los pueblos al abandono. En Galicia han decidido romper ese bucle con un movimiento curioso. Para evitar quedarse sin supermercados o gasolineras hay ayuntamientos que están haciéndose cargo de su gestión.
El objetivo: que los vecinos no deban desplazarse kilómetros para algo tan simple como comprar el pan. Aunque sea a costa de que el propio Ayuntamiento asuma servicios privados.
El fantasma de la despoblación. La despoblación es uno de los grandes fantasmas del rural de España. Y Galicia no es una excepción. Hace unos meses su Consello de Contas emitió un informe en el que alertaba de que en la comunidad (sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense) hay casi un centenar de pueblos en ‘peligro de extinción’, un estatus que se explica por una combinación de factores: un padrón por debajo de los 5.000 habitantes, una densidad de población baja (inferior al 20%) y más defunciones que nacimientos.
El propio INE calcula que en 2021 había casi 25.700 gallegos residiendo en municipios que no pasan del millar de empadronados. Según su nomenclátor, en la comunidad hay además alrededor de 1.900 aldeas despobladas, muchas de ellas en Lugo. Solo en 2023 se calcula que la provincia perdió unas 40. Otras poblaciones siguen vivas pero con un puñado de cientos de vecinos y tras haber perdido gran parte en poco tiempo. Por citar un caso, Muras, en la comarca de Terra Cha, tenía 1.151 vecinos en el 2000. En 2024 eran 600.
Un círculo vicioso. Lo comentábamos antes. Las localidades de la España vaciada no se quedan solo sin vecinos. A menudo lo hacen también sin negocios que cubran sus necesidades. Y una y otra carencia, la de habitantes y servicios, alimentan un círculo vicioso que acaba acelerando el vaciado de los pueblos.
Aunque hay expertos que concluyen que a nivel general «la accesibilidad a los servicios» en España es buena, sobre todo si hablamos de sanidad y educación, reconocen también que surgen diferencias cuando se baja a la escala provincial. Llega una búsqueda rápida en Google para encontrar quejas de poblaciones sobre el transporte público o la falta de algo tan simple como bares y comercios.
¿Y cómo solucionarlo? Una pregunta parecida a esa se hicieron hace un tiempo en Pol y Ribeira de Piquín, dos localidades del rural de la provincia de Lugo que juntas apenas pasan de los 2.000 residentes. La primera, Pol, tiene 1.542 empadronados, un 27% menos que en 2000. La segunda, Ribeira de Piquín, tenía censados el año pasado cerca de 500 residentes, un 80% menos que a comienzos de este siglo.
Ambos municipios comparten otra característica, además de la provincia y un censo menguante: ante la pérdida de negocios básicos sus respectivos ayuntamientos han decidido dar un paso al frente y garantizar la continuidad de servicios privados. Una suerte de municipalización que pretende evitar que sus vecinos tengan que buscarse la vida para cuestiones tan básicas como comprar pan. Sus casos han atraído el interés de medios como La Voz de Galicia o elDiario.
Un supermercado «municipal». En el caso de Pol el Consistorio se encontró con el riesgo de que el único supermercado de la localidad, situado en la población de Mosterio, echase el cierre. Su dueño se jubilaba y ante la falta de relevo u otros tenderos que quisieran traspasarlo, el panorama era complicado para los vecinos que allí residen. «Nadie se interesó en llevarlo. Quedaba desierto», explicaba en diciembre su alcalde, Lino Rodríguez, a El Progreso.
La solución del Ayuntamiento: comprar el súper para mantenerlo abierto. Aun no se sabe cómo lo gestionará, mediante una fundación, atrayendo a una franquicia o con un autónomo, pero la meta está clara: garantizar la continuidad del servicio. «Adquirimos todo el bloque, que tiene una superficie de unos 800 m2, por un total de 150.000 euros», añadía Rodríguez en diciembre. El proyecto salió adelante con apoyo de la Diputación y aspira a ir más allá del comercio: Pol quiere recuperar de paso una vieja marca de embutidos y crear vivienda social en la parte superior.
A finales del año pasado el pueblo había pagado ya 75.000 euros por el local, esperaba abonar una suma similar a comienzos de 2025 y ya pensaba en el mobiliario y las instalaciones para atender a los clientes. «Necesitamos adquirir los bienes materiales del interior, como las neveras, congeladores y cámaras de frío. Pero a lo largo de 2025 trataremos de preparar la charcutería», relataba.
Objetivo: repostar en el pueblo. En Ribeira de Piquín el Ayuntamiento ha movido ficha también para preservar un servicio clave, aunque en este caso el foco está puesto en una gasolinera. A finales de 2024 el Consistorio estaba en trámites para alquiler un área de servicio ya construida pero que lleva más de una década cerrada. La idea es reabrirla en 2025 y que los vecinos no tengan que trasladarse a otra localidad para repostar o buscar combustible.
El proyecto se lleva a cabo a través de la fundación TerrEO, participada por el Ayuntamiento, y con apoyo de la Diputación de Lugo, que aporta fondos a través de un convenio. El alquiler se hará a través de un procedimiento de adjudicación directa, precisa El Progreso, y una vez completado la idea del Ayuntamiento es adaptar la estación a la normativa para darla de alta. En el presupuesto reservan fondos también para contratar a personal a jornada completa que pueda encargarse de los surtidores y atender a los usuarios.
¿Es un caso aislado? No. La gasolinera no será el único (ni primer) proyecto que se impulse con la palanca de TerrEo. Antes ya se puso en marcha una piscifactoría, una explotación ganadera e incluso una plantación de kiwi. «Los ayuntamientos tan pequeños como nosotros tenemos muchas dificultades para que la iniciativa privada venga e invierta. De ahí que no nos quedase otra opción que, desde lo público, tratar de sacar adelante iniciativas económicas», explica a elDiario Roberto Fernández Rico, alcalde de Ribeira de Piquín.
De una sola tacada se genera empleo y, al menos en el caso de la gasolinera, garantiza la continuidad de servicios que el día de mañana podrían volver al sector privado si hay empresas interesadas. Hasta entonces los vecinos dejarán de tener que viajar varios kilómetros para repostar… y (igual de importante) se combatirá la pérdida de población.
Imágenes | Google Maps y Marta Arias López (Flickr)
