Estados Unidos parece empeñada en romper sus monopolios. Y tiene una víctima obvia entre ceja y ceja: Google
La ofensiva judicial y regulatoria de Estados Unidos contra Google marca un nuevo punto de inflexión entre ese país y sus grandes tecnológicas. El Departamento de Justicia no solo busca medidas simbólicas, y aquí persigue reconfigurar las reglas del juego, convirtiendo a Google en su principal objetivo y en un ejemplo para el resto del sector.
El círculo vicioso de Google. Como señalan en The Verge, David Dahlquist, abogado del DoJ, mostraba en su exposición de los hechos cómo Google se beneficiaba de su «círculo vicioso». Paga miles de millones de dólares para ser el buscador por defecto en prácticamente todas partes. Eso la lleva a recibir más peticiones de búsqueda, a tener más datos, a mejorar sus resultados, a ganar más dinero y al final a permitir pagar más dinero para aumentar aún más esa posición de privilegio.
Amenazas para Google. Para el DoJ eso es una pesadilla, y en el juicio antimonopolio contra Google se verá si esos argumentos tienen o no consecuencias para la empresa. De momento el gobierno está pidiendo tres cosas importantes que podrían impactar de forma radical en el negocio de Google.
Nada de acuerdos para colocar a Google por defecto. La primera petición del DoJ es la de evitar que Google llegue a esos acuerdos para situar su buscador como opción por defecto. El ejemplo claro de esos acuerdos es el que tiene con Apple, a la que supuestamente paga del orden de 20.000 millones de dólares al año para que todos los iPhone, iPad o Mac lo tengan como motor de búsqueda por defecto en Safari. Eso convertiría a Apple en víctima colateral de este caso de monopolio.
Vender Chrome. También se baraja obligar a Google a que se deshaga de su navegador, Chrome, y lo venda. Según Dahlquist esta aplicación representa el 35% de las peticiones de búsqueda y tiene 4.000 millones de usuarios estimados. Google afirma que no es un negocio en sí mismo, pero de ponerse a la venta, sería un objetivo claro para otras empresas. OpenAI ya ha mostrado su interés, por ejemplo, y no ha sido la única. Los responsables de DuckDuckGo aseguran que el valor de Chrome podría rondar los 50.000 millones de dólares.
Licenciar datos. La tercera y última petición es especialmente delicada: obligaría a Google a licenciar todos sus datos de búsqueda, desde su índice de búsqueda a sus resultados. Eso permitiría a cualquiera utilizarlos para «construirse su propio buscador», una especie de fork de Google. Uno de los abogados de Google, John Schmidtlein, explicaba que eso permitiría que cualquiera pudiera «cortar y pegar los resultados de búsqueda de Google y mostrarlos como si fueran tuyos». Este abogado también avisaba de que eso también podría afectar a la privacidad y seguridad de los usuarios.
Ceder el trabajo de años. Eso supondría que Google tendría que ceder (poniendo a la venta) esos datos, lo que puede verse como algo injusto: llevan un cuarto de siglo rastreando y organizando la información de la web, ¿y ahora tienen que licenciar ese trabajo? Eso abriría las puertas a una competencia brutal con empresas que podrían aprovechar todo ese conocimiento filtrado pagando por él.
Marco histórico. Aunque la Unión Europea ha sido la tradicional némesis de las Big Tech norteamericanas, Estados Unidos también ha vigilado muy de cerca a sus grandes empresas. Desmanteló la Standard Oil en 1911 e intentó hacer lo mismo con Microsoft hace dos décadas. Elizabeth Warren, senadora que fue candidata presidencial en 2020, lleva tiempo abogando por romper en pedazos a las grandes empresas tecnológicas americanas y convirtió aquello en parte de su campaña presidencial. Hizo referencia explícita a Amazon, Google y Facebook.
Los tribunales, parapeto de las presiones. Mientras que en los ámbitos regulatorios o legislativos los lobby —grupos de presión corporativa— de las Big Tech pueden ejercer su influencia de forma más clara, la cosa cambia en el terreno judicial, menos permeable a dichas presiones. En el caso de Google, el DoJ incluso propone la creación de un comité técnico que supervise el cumplimiento de las decisiones que tome, lo que limitaría aún más la capacidad de la empresa para sortear las restricciones.
En Xataka | Joshua Hoehne | Alex Dudar
