Las autoridades israelíes y palestinas violan los derechos de la sociedad civil, afirma una Comisión de Investigación de la ONU
Las autoridades de Israel y los Territorios Palestinos Ocupado violan los derechos de los miembros de la sociedad civil en todos los ámbitos mediante acoso, amenazas, detenciones, interrogatorios, detenciones arbitrarias, tortura y tratos inhumanos y degradantes, según señala un informe presentado este jueves al Consejo de Derechos Humanos
El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, concluye que las autoridades israelíes cometen la mayoría de las violaciones como parte del objetivo del gobierno israelí de garantizar y consolidar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino.
El informe revela que el Gobierno israelí restringió paulatinamente el espacio cívico mediante una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil. Esta práctica incluyó, entre otras medidas, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil palestina y a sus miembros tachándolos de «terroristas».
La estrategia se aplica tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados contra organizaciones y activistas de la sociedad civil israelíes y palestinos, y a escala internacional contra defensores internacionales de los derechos de los palestinos.
El informe concluye que la acusación de las autoridades israelíes a seis ONG palestinas considerándolas organizaciones «terroristas» y de una séptima como ilegal son injustificadas y violan los derechos humanos fundamentales, como el de libertad de asociación, de expresión, de opinión, de reunión pacífica, de intimidad y de derecho a un juicio justo.
El estudio también señala a las autoridades palestinas, tanto en Cisjordania ocupada como en Gaza, ya que estas tenían bajo su punto de mira a defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil palestinos con el objetivo de acallar opiniones discrepantes.
La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, concluyó que todos los responsables se dedican a limitar los derechos a la libertad de expresión y de asociación pacífica.
«Estamos especialmente alarmados por la situación de los defensores palestinos de los derechos humanos, que son sometidos sistemáticamente a una serie de medidas punitivas como parte del régimen de ocupación. Estas medidas también repercuten profundamente en los niños, ya que contribuyen a la fragmentación familiar y a aumentar el trauma psicológico y el miedo», alertó.
El reporte de la Comisión también dedica un apartado a examinar las políticas y prácticas restrictivas y su repercusión en diferentes grupos de la sociedad civil, como periodistas, defensoras de los derechos humanos, artistas, junto a activistas y centros culturales palestinos que promueven la diversidad y la inclusión de personas LGBTQ.
Algunas ONG también silencian a la sociedad civil
Aunque el informe se centra en las acciones emprendidas por las autoridades, también constata que determinadas organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel clave a la hora de silenciar a la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel y de presionar a quienes defienden los derechos de los palestinos en todo el mundo.
Las organizaciones de derechas que operan en Israel y en el extranjero aplican y promueven la estrategia del Gobierno israelí contra la sociedad civil. Los grupos palestinos contrarios a los derechos de género que operan en la Cisjordania ocupada han tomado como blanco a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres palestinas.
Tanto las autoridades israelíes como las palestinas permiten, y en algunos casos fomentan y apoyan, las acciones de organizaciones no gubernamentales dirigidas contra agentes de la sociedad civil.
Conclusiones del informe
El informe recomienda que todos los titulares de deberes garanticen el respeto y la protección de los derechos a la libertad de asociación, expresión y opinión y de reunión pacífica, así como los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los de salud, vivienda y educación, y que los agentes de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las defensoras de los derechos humanos, pueden llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y libertad y sin sufrir acoso ni represalias.
El informe también recomienda que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional priorice la investigación de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida la identificación de los responsables directos, los que ejercen la responsabilidad de mando y las personas que ayudan o instigan a la comisión de crímenes de la competencia de la Corte.
La Comisión realizó más de 127 entrevistas con víctimas y testigos, expertos y otras personas para el informe; estas incluyeron audiencias públicas y a puerta cerrada en Ginebra celebradas en noviembre de 2022 y marzo de 2023.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó el 27 de mayo de 2021 a la Comisión que investigara «en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos cometidos hasta el 13 de abril de 2021 y desde esa fecha».
